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pitagoras Tresfonsitas

Miguel Ángel Fernández Ordóñez

A principios del año 2009, la prensa española asigna al Gobernador del Banco de España unas declaraciones según las cuales la grave crisis de desempleo que estamos sufriendo actualmente debería llevarnos a examinar qué podemos cambiar de nuestro mercado de trabajo.

Según parece el Gobernador hace una precisión de su idea: los costes del despido descansan a cargo exclusivamente del sector privado, lo que desanima la creación de empresas y la contratación en general.

El mercado laboral español es un mercado dual, con una clase de trabajadores, los fijos, protegidos contra el despido, y otra clase, los eventuales, que cuentan con una escasa protección. Este tipo de mercados se caracteriza por adaptarse excelentemente a las fluctuaciones de la economía.

En la época de expansión que España había vivido en los comienzos del Siglo XXI, el sistema habia funcionado con excelencia, contratando trabajadores hasta el máximo nivel compatible con el grado de ocupación del sistema productivo.

Y en el año 2008 y principios de 2009, la economía española, en franca recesión, ha prescindido de un millón de trabajadores, casi todos con contrato eventual, y con un coste para las empresas prácticamente despreciable. En otras palabras, desde el punto de vista de la eficacia económica, el sistema ha funcionado también admirablemente.

Y es en 2009 cuando, con una notoria falta de oportunidad intelectual, el Gobernador del Banco de España, se pronuncia sobre los defectos de nuestro mercado de trabajo.

Pero lo que es falta de oportunidad intelectual, es en cambio, sentido agudísimo de la oportunidad política. Cuando un millón de nuevos parados ha alimentado el desempleo llevándolo a un nivel insoportable de 4 millones, el campo está abonado para lanzar ciertos mensajes, que a su vez provoquen ciertas reacciones en la opinión pública.

El Gobernador está admirablemente bien informado sobre el estado de la economía española. O también se podría decir que la información de que goza el Señor Gobernador se puede calificar en el más alto nivel de la excelencia.

El Gobernador sabe que la economía española tiene un agujero de medio billón de pesetas; e igualmente sabe que eso no lo van a pagar los que lo han provocado; por el contrario habrá que pagarlo entre todos.

El Señor Gobernador podría haber hablado de reducir los costes salariales, o de bajar las pensiones, o de rebajar el sueldo a los funcionarios, o de cobrar por las boticas, o por la asistencia médica, o por... Podría haber hablado de muchas maneras de pagar el roto, pero eligió hablar de los costes del despido, porque así se lo aconsejaba su fino olfato político.

Y el Gobernador ha hablado alto y claro esperando que así a nadie se le ocurra exigirle responsabilidades. Y es que como el Señor Gobernador sabe, más de la mitad del agujero que sufre la economía española esta directamente relacionado con las instituciones financieras, y por lo tanto es directamente imputable a su persona.

Y es que el Gobernador estaba advertido de que el crédito a promotores e inmobiliarias contenía varios cientos de miles de millones de fallidos a corto o a cortísimo plazo. Estaba advertido de que muchos créditos impagables se estaban cubriendo con nuevos créditos que acabarían siendo igualmente impagables. Estaba advertido de que gran parte del suelo que garantizaba las operaciones financieras estaba muy alejado de los centros urbanos correspondientes en particular, y de los grandes polos de atraccion de población en general. Y estaba advertido de la incultura económica y financiera de muchos de los promotores y constructores implicados en el futuro desastre.

Pero en fin, todos sabemos que los 300.000 millones de euros de que estamos hablando no van a salir del bolsillo del señor Miguel A. Fernández Ordóñez.

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